Podemos afirmar que la mayoría de personas encarceladas por delitos de drogas NO son personas extranjeras. Con los datos del INE más actualizados (población reclusa de 2018) las personas condenadas por cometer algún delito contra la salud pública (donde se encuentran los delitos de tenencia, cultivo o tráfico de drogas) fueron de un total de 11.087 personas, de las cuales 7.490 fueron españolas y 3.597 extranjeras, lo que supone un 32% del total de encarcelados por estos delitos frente al 68% de población española.

Si además, en un alarde de imaginación queremos extrapolar estos datos al conjunto de la población inmigrante, podemos comparar el dato del número de personas reclusas extranjeras por ejemplo, en abril de 2020 que fue de 16.047 personas, con el total de personas inmigrantes en España que es de 5.235.375, y nos saldrá que el 0,30% de la población inmigrante ha podido cometer algún delito en este último periodo.

Parece claro que no deberíamos hablar de delincuentes inmigrantes o nacionales en una sociedad diversa y multicultural como la nuestra, si acaso de un pequeño porcentaje de personas que no cumplen la ley. El comportamiento criminal no es algo que vaya ligado al origen.

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